El pleno del Congreso se ha emplazado el pasado 27 de abril para abordar la creación de un registro de lobbies en la próxima legislatura, a la vista de la unanimidad con la que ha dado luz verde a una iniciativa de DiL  y que no obstante quedará sin efecto cuando en apenas unos días se disuelva la Cámara. Se trata de la puesta en marcha de un Registro y Control de «lobbies» o grupos de interés, al igual que ya existe en países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Canadá.

En un sentido amplio son «lobbies» desde las grandes empresas hasta una pequeña asociación de amas de casa. En un sentido estricto, solo aquellas personas cuya profesión es el hacer presión, que normalmente pueden identificarse con las grandes empresas de un país: inmobiliarias, bancos, eléctricas…

Es cierto que la palabra «lobby» tiene connotaciones negativas en nuestro país, pero en realidad la labor de influir en la política desde fuera de ella no es negativa ni ilegal. Hoy en día sus connotaciones van orientadas más bien a considerar a dichos grupos de presión como la forma democrática de participación activa de los ciudadanos en la política, ayudando, asesorando, reportando información útil a las instituciones para la toma de decisiones y el ejercicio de la labor legislativa por el bien e interés común.
Aunque no existen cifras exactas, se calcula que en Europa los «lobbies» mueven más de 1.000 millones de euros anuales, especialmente en la capital de Europa. Si Washington es la capital mundial del «lobbing», Bruselas es la sede europea. Según el Registro de transparencia de Lobbies, hay 5120 organizaciones operando en la capital europea, que dan trabajo unas 30.000 personas.